Gobierno de Puebla analiza tomar el control de 11 penales municipales por deficiencias
La Secretaría de Seguridad Pública busca mejorar las condiciones de alimentación, reducir el hacinamiento y atender las observaciones de derechos humanos en las cárceles municipales.
El Gobierno de Puebla analiza asumir la administración de 11 penales municipales que actualmente se encuentran bajo responsabilidad de los ayuntamientos, debido a las deficiencias detectadas en sus instalaciones y condiciones de operación.
El titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Francisco Sánchez González, informó que la propuesta busca garantizar mejores condiciones para las personas privadas de la libertad, principalmente en materia de alimentación, habitabilidad y hacinamiento.
Durante una conferencia de prensa, el funcionario explicó que las autoridades estatales revisan si existe la posibilidad jurídica y operativa de transferir la administración de estos centros penitenciarios al Gobierno del Estado.
SSP busca mejorar las condiciones de los penales municipales en Puebla
Sánchez González detalló que hace aproximadamente dos meses sostuvo una reunión con el secretario de Gobernación estatal, Samuel Aguilar Pala, y la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH), Rosa Isela Sánchez Soya.
Durante el encuentro se planteó la posibilidad de modificar el actual modelo de administración de las cárceles municipales para atender las recomendaciones emitidas por organismos defensores de los derechos humanos.
El secretario de Seguridad Pública reconoció que existen áreas que requieren atención, entre ellas las condiciones de los dormitorios, el suministro de alimentos y la sobrepoblación penitenciaria.
Explicó que, aunque actualmente la administración de estos espacios corresponde a los municipios, la dependencia estatal tiene facultades para supervisar su funcionamiento y detectar posibles irregularidades.
Gobierno estatal revisará si puede administrar las cárceles municipales
El responsable de la seguridad pública en Puebla indicó que durante las próximas semanas se realizarán nuevas reuniones para determinar si la legislación permite concretar el cambio administrativo.
Además del análisis legal, las autoridades deberán revisar los recursos económicos necesarios para operar los establecimientos penitenciarios.
Actualmente, los ayuntamientos responsables de estos centros reciben aportaciones de municipios cercanos para financiar su funcionamiento.
Los recursos se destinan principalmente al pago de custodios, la alimentación de las personas privadas de la libertad y los gastos relacionados con la administración y mantenimiento de las instalaciones.
Derechos humanos, prioridad en posible cambio de administración
La propuesta también contempla atender las observaciones realizadas por organismos estatales y nacionales de derechos humanos respecto a las condiciones de los centros de reclusión.
Sánchez González sostuvo que la intención es establecer un modelo que permita mejorar los servicios básicos y dar mantenimiento a la infraestructura penitenciaria.
