En Puebla buscan suspender las licencias de conducir y permisos de movilidad a personas inscritas en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM), como una medida para promover el cumplimiento de las obligaciones de pensión alimenticia.
La propuesta fue presentada por la diputada Xel Ariana Hernández, quien plantea incorporar esta medida dentro de las disposiciones aplicables en materia de movilidad y cumplimiento de obligaciones alimentarias.
¿Qué propone la iniciativa para deudores alimentarios en Puebla?
De acuerdo con la iniciativa, las autoridades estatales competentes podrían suspender la licencia de conducir y otros permisos relacionados con movilidad a las personas que se encuentren inscritas en el REDAM.
La suspensión permanecería vigente hasta que la persona deudora cumpla con las obligaciones alimentarias correspondientes, conforme a las disposiciones legales aplicables.
El documento señala que el incumplimiento del pago de una pensión alimenticia puede constituir una forma de violencia económica, debido a que puede afectar la estabilidad y las condiciones económicas de quienes dependen de estos recursos.
Buscan fortalecer el REDAM en Puebla
La propuesta también plantea fortalecer el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM) como una herramienta de carácter civil y administrativo para incentivar el cumplimiento de las obligaciones alimentarias.
La iniciativa argumenta que quienes se encuentren registrados como deudores alimentarios no deberían continuar accediendo plenamente a determinados trámites y permisos administrativos mientras mantienen obligaciones alimentarias pendientes.
Entre las medidas contempladas se encuentra la posibilidad de negar o suspender trámites relacionados con licencias de conducir, permisos y otros procedimientos administrativos.
La propuesta aún debe seguir su proceso legislativo
La iniciativa plantea que la suspensión de licencias y permisos funcione como una medida disuasiva para incentivar el pago de pensiones alimenticias, además de representar una acción con bajo impacto presupuestario para el Estado.
Sin embargo, al tratarse de una propuesta legislativa, deberá continuar con el proceso correspondiente antes de que, en su caso, las modificaciones entren en vigor.
