Puebla pide revisar 179.1 mdp en contratos electorales bajo investigación
El Gobierno de Puebla manifestó su respaldo a la investigación federal sobre presuntas irregularidades en contrataciones de organismos electorales, relacionadas con una red de proveedores cuyas operaciones alcanzarían aproximadamente 2 mil 740.3 millones de pesos a nivel nacional.
El coordinador general de Gabinete, José Luis García Parra, informó que en Puebla se identificaron contratos por 179.1 millones de pesos entre 2014 y 2025, por lo que la administración estatal respalda que las autoridades fiscalizadoras realicen una revisión integral.
La investigación fue expuesta por la secretaria federal de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro Sánchez, y contempla operaciones que, de acuerdo con la información presentada por las autoridades, se remontan a 1999.
Identifican contratos electorales por 179.1 millones de pesos en Puebla
García Parra detalló que los contratos identificados en Puebla se distribuyen en dos periodos: 49.4 millones de pesos entre 2014 y 2023, y 129.7 millones durante 2024 y 2025.
El funcionario señaló que la revisión deberá esclarecer los procedimientos de contratación y determinar si existieron irregularidades, sin anticipar responsabilidades ni afectar la autonomía del Instituto Nacional Electoral (INE) y de los organismos públicos locales electorales.
A nivel nacional, explicó que la información presentada identifica al menos seis empresas presuntamente relacionadas con una misma estructura de proveedores.
Entre los antecedentes mencionó un caso contractual por 63.7 millones de pesos en el Estado de México durante 2005, así como adjudicaciones por más de 2 mil 94 millones de pesos entre 2015 y 2023 y poco más de 646 millones durante 2024 y 2025.
UIF inició acciones sobre cuentas vinculadas con la investigación
De acuerdo con lo expuesto por el Gobierno estatal, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) inició acciones para inmovilizar algunas cuentas, a partir de denuncias de la Auditoría Superior de la Federación.
José Luis García Parra sostuvo que la investigación debe alcanzar a todas las personas y empresas involucradas, con el propósito de esclarecer los mecanismos de contratación.
El funcionario también se refirió a los antecedentes de Guadalupe Taddei, actual presidenta del INE, y precisó que su llegada a la presidencia del organismo en 2023 ocurrió mediante un procedimiento de insaculación.
La mención de estos antecedentes no constituye, por sí misma, evidencia de responsabilidad en las contrataciones investigadas.
Plantean mayor supervisión de contratos rumbo a elecciones de 2027
Como parte de las medidas expuestas, el Gobierno federal contempla ampliar los mecanismos de supervisión, incorporar participación académica y revisar los procedimientos de contratación de los organismos electorales.
También se plantea incrementar la participación de proveedores nacionales y fortalecer los Talleres Gráficos para la producción de materiales electorales.
El Gobierno de Puebla manifestó su disposición a colaborar en las acciones institucionales relacionadas con el proceso electoral del 6 de junio de 2027, dentro del ámbito de sus atribuciones.
Puebla reporta separación de 315 servidores públicos por irregularidades
En otro tema, el secretario estatal de Anticorrupción y Buen Gobierno, Alejandro Espidio, informó que 315 personas servidoras públicas han sido destituidas de la administración estatal por irregularidades.
El funcionario explicó que se han impulsado medidas de digitalización en los trámites de registro de proveedores, con el propósito de reducir el contacto directo entre participantes y servidores públicos.
Añadió que los procedimientos permiten revisar la capacidad técnica y financiera de las empresas, así como el cumplimiento de los requisitos legales.
También indicó que los órganos internos de control participan en la vigilancia de los procesos de licitación y del cumplimiento de las obligaciones contractuales.
El comunicado no precisa el periodo exacto en que ocurrieron las 315 destituciones ni establece una relación entre esos casos y los contratos electorales investigados.
