Dos ciudadanos de nacionalidad china fueron rescatados ilesos por la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) durante un operativo realizado en la capital poblana, donde también fue detenido un hombre señalado como presunto responsable de custodiar a las víctimas.
La intervención ocurrió el 14 de septiembre de 2026, luego de que el Consulado de China en México alertara a las autoridades sobre la privación ilegal de la libertad de uno de sus connacionales, por cuya liberación se exigía el pago de un rescate.
Con información de geolocalización y registros visuales proporcionados por la representación diplomática, agentes de la Fiscalía Especializada en Investigación de Secuestro y Extorsión (FEISE) ubicaron un inmueble en inmediaciones de la Carretera a Valsequillo, donde presuntamente se encontraba la casa de seguridad.
Víctimas fueron engañadas con una oferta laboral
De acuerdo con las primeras entrevistas realizadas por las autoridades, los dos ciudadanos chinos radicaban en Nicaragua y habrían llegado a México tras recibir una supuesta oferta de trabajo.
Sin embargo, al arribar al país fueron retenidos y despojados de más de 12 mil dólares en efectivo, además de aproximadamente 60 mil pesos obtenidos mediante retiros bancarios.
Posteriormente, sus captores los habrían obligado a comunicarse con familiares en China para solicitar mayores cantidades de dinero a cambio de su liberación.
Las víctimas lograron establecer comunicación con su representación consular debido a la barrera del idioma, situación que permitió activar las acciones de las autoridades.
Detienen a presunto secuestrador en Puebla
Durante el operativo, los agentes investigadores ingresaron al inmueble y detuvieron en flagrancia a Eduardo N., de 24 años, quien presuntamente custodiaba a las víctimas.
Los dos ciudadanos fueron encontrados atados y posteriormente rescatados sin lesiones.
En el lugar también fueron asegurados una escopeta calibre 16 con dos cartuchos útiles, un teléfono celular y el inmueble utilizado presuntamente como casa de seguridad.
Eduardo N. quedó a disposición del Ministerio Público especializado, que deberá judicializar el caso ante un Juez de Control dentro del plazo constitucional correspondiente, quien determinará su situación jurídica.
